El Gobierno culpa ahora del cierre del Valle de los Caídos, ante el juez, a Monseñor Rouco Varela

El subdelegado en Madrid declaró en el juzgado imputado por vulnerar la libertad religiosa y de culto. Este delito se castiga con hasta 6 años de prisión.

El subdelegado del Gobierno en Madrid, Ricardo García García, y un sargento de la Guardia Civil, declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Lorenzo de El Escorial en calidad de imputados por cerrar el Valle de los Caídos. Concretamente, se les acusa de un presunto delito contra la libertad religiosa y de culto al impedir la entrada y celebración eucarística los días 6 y 7 de noviembre de 2010. Un gran despliegue de la Guardia Civil rodeó la llegada de ambos al juzgado. El primero en prestar declaración ante la juez fue Ricardo García García y tuvo una duración de media hora, aproximadamente.

Según fuentes jurídicas, el subdelegado del Gobierno insistió en que tuvo varias reuniones con el Abad, la Comunidad Benedictina y el Obispado de Madrid para que no se celebrara la misa dentro de la Basílica del Valle de los Caídos. Y que fueron estos los que decidieron cerrar el acceso. El subdelegado, según estas mismas fuentes, no tuvo ningún reparo en acusar al Abad y a Rouco de cerrar la Basílica. Sin embargo, esta argumentación es contradictoria con la mantenida por los Benedictinos, que afirman que se vieron obligados a celebrar la misa fuera del propio recinto. En otro momento, García García acudió al discurso de que en “el mes de noviembre se incrementa la seguridad porque estadísticamente la afluencia de personas es mayor”. Así, a las preguntas de la abogada del Estado, respondió que “las medidas de seguridad se refieren a la entrada a la basílica debido al deterioro de las piezas monumentales”.

En este sentido, al subdelegado del Gobierno de Madrid se le pilló en otra contradicción. Fuentes jurídicas comentan a este periódico que el imputado cuando fue preguntado sobre si se permitió la entrada a la Basílica, sin pasar por debajo de la talla de La Piedad contestó: “En ningún caso”. Sin embargo, “hay fotos que demuestran que, en esos días (6 y 7 de noviembre)”, llegó “un autobús lleno de chinos” que “visitaron el interior de la Basílica”, señaló la acusación popular representada por Manos Limpias. En este punto, lo más sorprendente de todo, según la acusación, fue cuando el subdelegado explicó que “se trataba de un autobús con frailes chinos que fueron invitados por el abad”. ¿Y todos los monjes con cámaras de fotos? se preguntó la acusación popular.

En otro orden de cosas, ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal hicieron preguntas al subdelegado del Gobierno para averiguar el fondo del asunto. Es más, el fiscal “trataba de minimizar y asentir todo lo que declaraba García García”, explican las mismas fuentes.

Por otro lado, la declaración del Guardia Civil imputado duró escasamente un cuarto de hora y fue la previsible. Se limitó a manifestar que “obedecía órdenes del Teniente y que no sabía nada más”. Al término de la comparecencia, el abogado de Manos Limpias solicitó a la juez que cite al abad de la Basílica en calidad de testigo para esclarecer estos hechos.

Fuente La Gaceta.

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