Ninguna mujer andaluza ‘represaliada’ por el franquismo ha solicitado los 1.800 euros ofrecidos por la Junta como indemnización por las vejaciones sufridas

Se anunció a bombo y platillo y desató un vendaval en la opinión pública. Sin embargo, un mes después del anuncio y de su publicación oficial, la ley de la Junta de Andalucía para indemnizar a mujeres ‘represaliadas’ por el franquismo no ha recibido ninguna petición hasta el momento.

El pasado 21 de septiembre, la Junta de Andalucía aprobó la Ley 372/2010, que establece indemnizaciones a mujeres que sufrieron “formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen”. De acuerdo con esa norma legal, quien demuestre haber sido víctima de vejaciones durante el franquismo recibirá 1.800 euros.

A día de hoy, transcurrido ya un mes, y a dos meses de que acabe el plazo para solicitarlas, ninguna mujer ha presentado el formulario de petición de estas ayudas, según fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por El Confidencial Digital.

Estas mismas fuentes confiesan que no saben cómo explicar lo que está ocurriendo, porque el anuncio de las indemnizaciones tuvo mucha publicidad en los medios de comunicación, incluyendo la polémica mediática que desató.

Es más, la Junta conocía de antemano el caso de al menos seis mujeres sevillanas a las que les raparon el pelo y les hicieron pasear así por su pueblo, a modo de escarnio. Sin embargo, hasta el momento no hay noticia de ellas. Nadie ha presentado ningún expediente de petición de los 1.800 euros.

Las demandas para acogerse a estas ayudas, si se reciben, deben ser estudiadas y analizadas por un comité de cinco personas, que, si estiman que es veraz el relato de los hechos considerados vejación, procederá a cursar la ayuda.

Según el Gobierno andaluz, esta ley serviría para dar “reconocimiento público y rehabilitación moral” a todas aquellas mujeres que sientan que fueron ‘vejadas’ por las autoridades del franquismo.

La iniciativa es similar a otras puestas en marcha con anterioridad y dirigidas a ex presos políticos. El Gobierno de Zapatero, por ejemplo, aprobó ayudas de entre 4.000 y 5.000 euros a los homosexuales que fueron encarcelados en aplicación de la denominada ‘Ley de vagos y maleantes’.

El caso andaluz es, no obstante, diverso, ya que las vejaciones a las que alude la ley no están registradas en ningún documento ni archivo. Por lo tanto, quien quiera acceder a las ayudas deberá presentar un relato de los hechos y acompañarlo del testimonio de testigos. En caso de no existir testigos, se valorará una declaración jurada de la denunciante.

El confidencial digital, 27.10.2010

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