APUNTACIONES SOBRE LA DIGNIDAD DE CATALUÑA

Lo primero, lo más fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de hablar sobre las autonomías, Cataluña o el Estado Autonómico creado por la desgraciada Constitución que padecemos, es que ni en España ni en cualquier otra parte del mundo existe ese tipo de Estado…

Lo primero, lo más fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de hablar sobre las autonomías, Cataluña o el Estado Autonómico creado por la desgraciada Constitución que padecemos, es que ni en España ni en cualquier otra parte del mundo existe ese tipo de Estado. Y no existe por la sencilla razón de que la esencia de lo estatal radica en la soberanía, de modo que un Estado, cualquier Estado, si lo es de veras y mientras lo sea, será siempre un Estado Soberano o no será nada. Precisamente en razón de su originaria y básica soberanía cualquier Estado puede ceder parte de ella, nunca su totalidad ni la mayor parte, a una persona jurídica, o a varias, con tal de que sean súbditos suyos y por ello le estén permanentemente subordinados.

El pasado jueves 26 de noviembre apareció –bajo el título «La dignidad de Catalunya»– un editorial común en los 12 diarios que constituyen la práctica totalidad de aquellos cuya línea editorial se determina en tan notable y querida parte de España. En esencia, el texto de tal artículo dice que los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional deben, a la hora de dictar la retrasadísima sentencia que tienen pendiente desde que hace tres años el Partido Popular presentó ante ellos, a su debido tiempo y en la adecuada forma, recurso de anticonstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña que se publicó el año 2006 en el Boletín Oficial del Estado tras haber sido aprobado por las Cortes y signado por el Rey… El editorial citado no denunciaba ni criticaba tan sustancial retraso, que ha permitido poner en práctica en estos tres años ideas y usos que pueden ser anticonstitucionales desde el principio, sino que se limitaba a solicitar de los perezosos o retardatarios magistrados que, cuando creyeran no poder retrasar más su obligada sentencia, tuvieran en cuenta al redactarla el respeto que merece la dignidad de Cataluña, pues el Estatuto recurrido ha sido fruto de un doble pacto político, hecho público en el Parlamento catalán y en las Cortes Generales, y aceptado en referéndum por el pueblo de Cataluña…

Desde el jueves 26 de noviembre, pues, el citado editorial viene siendo objeto de una encendida polémica en los más diversos ámbitos políticos, sociales y culturales, utilizando en todos y cada uno de ellos cualquier clase de argumentos en favor o en contra de lo que el texto publicado por los 12 diarios solicita, dictamina o sugiere. Lo que se viene diciendo, escribiendo, comentando y especulando desde hace quince días abarca un amplio arco iris de puntos de vista. A mí me llama la atención que entre tanta variedad de opiniones apenas se hayan hecho notar dos que me parecen fundamentales.

La primera es que dicho editorial se ha publicado por invitación. Ello quiere decir que surgió por una iniciativa muy particular y privada: la de quien o quienes se autoconsideraron legitimados para redactarlo, divulgarlo y publicarlo. Esos 12 se autocalificaron representativos de Cataluña, con lo que automáticamente privaban de tal condición a cuantos no seleccionaran para secundar su intento. La aplicación de semejante criterio supuso desde el principio (convocatoria para la redacción) hasta el final (publicación del texto sólo en aquellos medios seleccionados al efecto, lo que significaba excluir de hecho a muchos miles de lectores) una distinción entre catalanes y no catalanes, o entre catalanes de primera y catalanes de segunda, o entre buenos y malos catalanes… El objetivo inicial y último de dicho escrito no ha sido nunca el de calificar jurídica y/o políticamente el Estatuto que rige Cataluña desde hace tres años, sino el de dividir a los españoles y a los catalanes entre más o menos partidarios de la independencia o la máxima autonomía posible de dicha unidad de convivencia respecto de la que con otras integra y constituye desde hace siglos; es decir, de España. Porque Cataluña es parte sustancial de España desde que ambas existen; esto es, muchos años antes de la vigente Constitución borbónica. Me remito al primer párrafo de estas «apuntaciones».

La segunda observación que echo de menos es la referente a la carga explosiva de la palabra y el concepto «dignidad», utilizada en el referido editorial sin darse cuenta de su trascendencia –lo que ya es pecado grave en los ámbitos periodístico y político–, o –lo que es peor– con plena conciencia de su alcance. La dignidad de cualquier persona –sea esta individual o colectiva, física o moral– es un valor, un bien, de índole espiritual, radicado en su alma de tal modo y con tal profundidad que, como sucede con el honor y la honra, configura la esencia de lo que en realidad es la persona que posee, porta y disfruta de semejantes bienes inmateriales. La dignidad de Cataluña, por tanto, está revestida de un carácter trascendente, porque como cualquier otra se encuentra vinculada a Dios y al ser íntimo catalán, de modo que cuando alguien –sea uno o sean doce o diecisiete– denuncia públicamente que tal bien está en juego y depende de lo que diga el Tribunal Constitucional en una sentencia que lleva discutiendo desde hace tres años, por un lado acusa a dicho Tribunal de ser perezoso, lento, retardatario o cobarde, y por otro le presiona haciéndole responsable de los daños que según sea su sentencia ocasionará la explosión de la tremenda carga que a juicio de los editorialistas supone el ajustar a la Constitución Española el Estatuto de Cataluña. Según ellos, lo único que no ofende a la dignidad de Cataluña, lo único que no puede producir una deflagración devastadora y generar múltiples ondas expansivas de incalculable alcance, es que nuestro Tribunal Constitucional sentencie que la Constitución Española debe ajustarse al Estatuto de Cataluña.

Antonio Castro Villacañas.-

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